El impago de pesiones como delito

¿Que ocurre cuando el obligado deja de pagar los alimentos?

Cuando el obligado por resolución judicial al pago de una pensión  deja de abonar la misma, podemos encontrarnos ante un delito previsto y penado en el art. 227 del Código Penal. Para que se entienda que hay una infracción penal a la que anudar una pena (que es la de arresto de 8 a 20 fines de semana), es necesario que se den los siguientes elementos:

  1.  Existencia de una prestación económica establecida o aprobada judicialmente a favor de los hijos o de uno de los cónyuges con motivo de una ruptura matrimonial –separación, divorcio o nulidad- o de un proceso de filiación o de alimentos.
  2. Impago por 2 meses consecutivos o 4 no consecutivos.
  3. Que el impago sea voluntario, es decir, que el obligado deje de pagar pudiendo hacerlo.
  4. Que se produzca una denuncia por parte del beneficiario de la pensión.

 Como vemos, es un delito de omisión, en el que el deber de actuar (de pagar) está supeditado a la posibilidad concreta del obligado al pago para hacer frente al mismo. Aquí es donde radica la mayor problemática en los impagos: La insolvencia del obligado al pago. Resulta imprescindible que el obligado tenga capacidad para pagar. Si carece de los medios para hacer frente a la pensión, no podremos considerar que incurra en delito alguno. Se dará dicha circunstancia no sólo cuando el sujeto activo se encuentre en una situación de necesidad extrema, siendo incapaz de mantenerse incluso a sí mismo, sino también cuando únicamente disponga de los medios indispensables para subvenir a sus propias necesidades.

 Y no se puede justificar impagos alegando posibles compensaciones, como la compra de regalos, ropa u otras cosas, o incluso por una deuda no satisfecha del beneficiario. Tampoco cabe la justificación basada que el beneficiario esté desatendiendo otros deberes establecidos en el convenio o resolución judicial -por ejemplo,que el cónyuge a cargo de los hijos esté impidiendo el cumplimiento del régimen de visitas .

Alimentos y visitas: Cada uno tiene sus obligaciones y el incumplimento de uno no puede dar lugar a que el otro incumpla la parte que le corresponde. El pagador no puede dejar de pagar porque no vea a los niños y el que  percibe la prestación no puede impedir las visitas y relaciones de los hijos  porque no está cobrando los alimentos.

Tema largo, con detalles que seguramente serán motivo de comentario y de consulta.

Seguridad Vial: Menores, cinturón y conservación del coche.

  • A los padres que no vigilen que sus hijos lleven el cinturón se les aplicará la LO del Menor . Los días 15 y 16 de marzo se celebraron en Santiago de Compostela las Jornadas Anuales de Fiscales de Seguridad Vial, a las que asistieron 50 fiscales especialistas en la materia. Entre las conclusiones alcanzadas, que pronto se publicarán, señalamos las siguientes:La Fiscalía actuará contra conductores en casos de accidentes con lesiones o fallecimiento de un menor por no llevar el cinturón de seguridad o el elemento de retención pertinente ante la posibilidad de que se trate de un delito de homicidio o lesiones imprudente. Igualmente cuando se trata de personas unidas al menor por vínculos parentales y tuitivos que generan obligaciones específicas de velar por el menor, los incumplimientos detectados por el fiscal de seguridad vial serán remitidos a la fiscal de Sala Coordinadora de Menores a efectos de la aplicación de la Ley Orgánica de protección jurídica del menor.

    También Bartolomé Vargas, Fiscal Coordinador de Seguridad Vial, aludió a la importancia de la conservación del vehículo, que será sancionada a partir del 24 de mayo en virtud de la nueva normativa, porque, reconoció, “se producen accidentes en un porcentaje no desdeñable porque el vehículo no está en condiciones”. “Sabemos que hay crisis y a los conductores les cuesta pasar la ITV y la conservación del vehículo”, afirmó y abogó por “ayudar” a los más necesitados. “Perder la vida por eso es aún un drama superior”, dijo y añadió que el fiscal actuará por la vía penal cuando la causa de muerte en un siniestro se refiera al estado del vehículo implicado.

Fuente: Sepin

Artículo La Vanguardia 14 febrero

A vueltas de nuevo con la sentencia del Supremo.  Artículo bastante acertado resumiendo los hechos. Cortesía del compañero Miquel Godó, que lo encontró, lo escaneó y me lo remitió. Dejo aquí el enlace de acceso.

http://bit.ly/adjisI

Enlace prensa sentencia sobre agresión sexual

Adjunto el enlace para acceder a la reseña que la prensa, a través de comunicado de la Agencia Europa Press, se hace de la sentencia referida en el anterior post de este Blog y en la que actúe como Acusación Particular en defensa de la menor de las niñas.

En efecto, la declaración de la menor siempre coherente y absolutamente sin fisuras, así como la grabación que ella misma hizo con su teléfono móbil han sido determinantes para el fallo condenatorio de la sentencia. 

http://www.europapress.cat/tribunals/noticia-ts-valida-com-prova-gravacio-amb-mobil-va-fer-menor-victima-dagressio-sexual-20100213182021.html

Siete años de prisión por agresión sexual a menor

Acabo de recibir  Sentencia del Tribunal Supremo (STS 1331/2009) resolviendo recurso de Casación CONFIRMANDO completamente la sentencia que a 17 de marzo de 2009 dictó la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Barcelona, condenando al imputado como autor responsable de un delito continuado de agresión sexual de los arts. 178, 180.1.3º y 74 del Código Penal, a la pena de siete años y un día de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y a la prohibición de aproximarse a la persona de B.M.P. (menor) a menos de 1000 metros, así como la prohibición de comunicarse por cualquier medio con la misma, y ambas prohibiciones por un plazo de 12 años y un día. Por responsabilidad civil deberá indemnizar en la cantidad de 20000 euros.

Asimismo se condena al imputado por otros dos delitos de abusos sexuales del art. 181.1 del Código Penal a otras dos menores, a la pena de 1 año de prisión, prohibición de aproximación y comunicación por dos años y a 500 euros de Responsabilidad civil para cada una de ellas.

Los hechos constitutivos de la agresión sexual se produjeron en 2006, cuando la menor víctima de los mismos contaba tan sólo 12 años de edad. Los hechos constitutivos de los otros dos delitos de abusos sexuales se produjeron en 2008 y las menores contaban 14 y 16 años. Agresor y víctimas residían en Ripollet.

Como Letrada de la Acusación Particular solicité una RC más alta, pero entiendo que la Sentencia, tanto de la Audiencia de Barcelona como del Tribunal Supremo es justa, aunque el daño psicológico a las menores sea quizás irreparable.

Alcoholemia.Delito penal

El Art. 379 Código Penal nos dice:

«1. El que condujere un vehículo de motor o un
ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros
por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros
por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente,
será castigado con la pena de prisión de
tres a seis meses o a la de multa de seis a doce
meses y trabajos en beneficio de la comunidad de
treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, a
la de privación del derecho a conducir vehículos a
motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y
hasta cuatro años.

2. Con las mismas penas será castigado el que
condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la
influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias
psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. En
todo caso será condenado con dichas penas el que
condujere con una tasa de alcohol en aire espirado
superior a 0,60 miligramos por litro
o con una tasa
de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por
litro.»

La tasa genérica el 0,25 ( o las especiales por ser conductor profesional o por tener poco tiempo de carnet) es la que delimita si se está ante una infracción administrativa o no. Por encima de estas tasas la infracción es administrativa, es decir, que la impone el Ministerio del Interior y por tanto, llevará aparejada multa económica y/o retirada de puntos , pero no una sanción penal.

Por encima de los 0,60 es cuando se está produciendo el tipo penal. Esto quiere decir que la persona que sea hallada conduciendo con una tasa por encima de la referida, podrá ser detenida, y se inicia así un procedimiento penal que se sigue ante la Policia primero y después ante la Administración de Justicia, trámite de procedimiento que desembocará en un juicio penal y en el que la sanción puede comportar la pérdica de libertad, es decir, el ingreso en prisión.

Muchas veces parece que no va a pasar nada, pero puede pasar. No todas las personas toleramos del mismo modo una ingesta de alcohol y por tanto,lo que a uno “no le sube” puede que a otro le haga perder totamente el control, e incluso, nuestro propio estado personal, anímico, físico, según si hemos descansado lo suficiente, si hemos comido bien, y tantos otros factores, pueden variar nuestra propia tolerancia a una copa.

“Si bebes, no conduzcas” o tienes muchos puntos para acabar el año “entre rejas”.

Feliz cambio de año a todos!!!

INSOLVENCIAS PUNIBLES

Alzamiento de bienes

Cuando se produce una situación económica dificil, tanto para las personas físicas, como para las jurídicas, a fin de proteger el patrimonio, se pueden dar o propiciar situaciones de insolvencia que no sean reales, insolvencias provocadas precisamente para evitar que un patrimonio vaya a responder ante terceros de deudas, y son esos terceros los que ven frustrado su crédito y por tanto, directamente perjudicados.

Estas conductas se recogen en nuestro ordenamiento, en el Código Penal, dentro de los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, en el capítulo dedicado a las llamadas INSOLVENCIAS PUNIBLES. Son los artículos 257 a 261 del Código Penal.

La base de estas conductas defraudatorias es el Alzamiento de bienes, una actuación dolosa, a conciencia que realiza el titular de los bienes para ocultarlos de modo que el acreedor no pueda acceder a aquellos bienes para cobrar lo que se le adeuda. El autor del alzamiento conoce la existencia de una deuda y, con la intención de que no se pueda llegar al pago de la misma mediante la ejecución de un bien de su propiedad, lo oculta, o lo enajena, de forma real o fictícia, o realiza cualquier otra acción para aparecer ante los terceros como insolvente y evitar responder de las deudas contraidas.

La responsabilidad civil derivada de estos tipos delictivos pasará por la indemnización de daños y perjuicios así como por la restauración del orden jurídico dañado, lo que resulta en la anulación del acto jurídico que ha llevado a la despatrimonialización, a anular, por tanto, la venta del inmueble, por ejemplo.

La penalidad básica ligada a este tipo delictivo es la de prisión de uno a cuatro años y multa de 12 a 24 meses.

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